Un juez de Estados Unidos aceptó la petición de la defensa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), a quien se acusa en su país de corrupción, y pospuso el inicio del juicio hasta junio de 2021, tres meses después de cuando estaba prevista su celebración.
El magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California fijó la primera vista del juicio de extradición del exmandatario para el 17 de junio a las 10.00 hora local (17.00 GMT). La fecha anteriormente prevista y que ahora queda invalidada era el 11 de marzo.
Había sido el propio abogado de Toledo, Graham Archer, quien solicitó la moratoria para poder disponer de «tiempo adicional para investigar» las nuevas alegaciones emitidas por el Gobierno de Perú, mientras que el Ejecutivo estadounidense -que representa la parte acusatoria en el juicio- no se opuso a la petición.
El expresidente fue detenido en julio de 2019 como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú y ha pasado los últimos meses en arresto domiciliario en su casa de California al considerar el juez que es población de riesgo y que, por tanto, permanecer en prisión supondría un riesgo para su salud durante la pandemia de covid-19.
Al exmandatario, que durante los últimos años ha residido en EE.UU., se le investiga por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando él aún era presidente.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser «colaborador eficaz» (delator premiado) de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos 35 millones de dólares de Odebrecht para Toledo.
Por ese motivo, el exgobernante está imputado en Perú por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva. EFE