El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, condenó la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), que dictaminó que tiene jurisdicción sobre los territorios controlados por la Autoridad Palestina (AP), allanando la posibilidad de iniciar una investigación por supuestos “crímenes de guerra” contra Israel.
La CPI dictaminó controvertidamente que la Autoridad Palestina es un Estado parte del Tribunal, una decisión que aparenta ser más política que jurídica según analistas israelíes.
“Hoy la corte ha demostrado una vez que es un organismo político y no una institución judicial. La corte ignora los crímenes de guerra reales y en cambio persigue al Estado de Israel, un estado con un régimen democrático fuerte, que consagra el Estado de Derecho, y que no es miembro del tribunal”, destacó Netanyahu.
“Con este dictamen, el tribunal viola el derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo, y juega en favor de aquellos que socavan los esfuerzos para expandir el círculo de paz”, añadió el primer ministro.
“Continuaremos protegiendo a nuestros ciudadanos y soldados de todas las formas contra cualquier persecución legal”, aseguró Netanyahu.
El ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, también repudió el dictamen de la CPI.
“El fallo de la Corte Penal Internacional distorsiona el derecho internacional y convierte a esta institución en una herramienta política en manos de la propaganda antiisraelí. La Corte Penal Internacional no tiene autoridad para atender el caso palestino. El Estado de Israel es una democracia fuerte con un sistema legal independiente y efectivo, profundamente apreciado en todo el mundo”, recalcó el ministro.
“El fallo de los jueces premia al terrorismo palestino y a la negativa de la Autoridad Palestina a regresar a las negociaciones directas con Israel y contribuye, de hecho, a la polarización entre las partes. Hacemos un llamado a los países que ven importancia en el sistema legal internacional y que se oponen a su explotación política, a respetar el derecho soberano de los estados a optar por no aceptar la jurisdicción del tribunal. El Estado de Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos”, agregó Ashkenazi.
Las declaraciones se produjeron después de que un panel de tres jueces de la CPI votara (dos contra uno) que Judea, Samaria, Gaza y Jerusalén oriental están dentro de la jurisdicción del tribunal.
En un comunicado de prensa, el tribunal dictaminó que “la jurisdicción territorial de la Corte en la situación de Palestina, un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, es decir Gaza y Cisjordania, incluyendo el este de Jerusalén”.
La fiscal principal de la CPI, Fatou Bensouda, había anunciado a fines de 2019 que tenía intenciones de abrir una investigación por presuntos “crímenes de guerra” contra Israel, pero antes de comenzar la pesquisa pidió a la CPI que determine si tiene jurisdicción sobre el territorio debido a “cuestiones legales y factuales altamente controvertibles y únicas vinculadas con esta situación”.
Israel sostiene que la CPI no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre el caso debido a que el “Estado de Palestina” no existe.
Bensouda consideró en su momento que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que hora depende de ella requerirla formalmente a los jueces.
Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar pesquisas en su territorio.
Por el contrario, la Autoridad Palestina que consiguió en una votación de la Asamblea General de la ONU el estatus de “estado observador no-miembro”, en noviembre de 2012, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional del CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del CPI comenzara una investigación.
En 2018, la Autoridad Palestina solicitó a la CPI abrir una investigación. Aurora y EFE