El Gobierno israelí señaló, en sus declaraciones escritas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que “está plenamente comprometido a cumplir con el derecho internacional; pero ese no es un pacto suicida”, y consideró que cooperar con organismos como la UNRWA sería “aceptar o facilitar un grave riesgo para sus ciudadanos y su territorio”.
“Ningún Estado está obligado a aceptar o facilitar un grave riesgo para sus ciudadanos y su territorio. Al contrario, el derecho internacional establece el derecho y la obligación de un Estado de actuar para defender su existencia, su territorio y su pueblo. Israel está plenamente comprometido a cumplir con el derecho internacional; pero ese derecho no es un pacto suicida”, señaló Israel por escrito a la CIP.
Israel no participa en las audiencias en curso desde hoy y hasta el próximo viernes en La Haya sobre cuáles son sus obligaciones hacia las organizaciones humanitarias, pero sí ha enviado declaraciones escritas, hechas hoy públicas por la CIJ.
Asegura que esa cuestión ante la Corte es “claramente sesgada y unilateral” y está basada en “suposiciones falsas” y que es “escandaloso” e “indiscutible” que la UNRWA “incumplió” su mandato, al presuntamente tener empleados vinculados con el grupo islamista palestino Hamas.
Israel acusó a empleados de la UNRWA de “participación activa en el ataque atroz” del 7 de octubre de 2023, y le prohibió operar en el territorio israelí.
“Asesinaron y secuestraron a ciudadanos israelíes, se llevaron cadáveres y saquearon propiedades. Las instalaciones de UNRWA han sido usadas como centros de mando y control militar de Hamás, escondites y depósitos de armas; también han servido para el extenso sistema subterráneo de túneles terroristas de Hamás”, reiteró Israel, ahora ante la CIJ.
En agosto, la ONU aceptó que nueve empleados de la UNRWA “pudieron” estar involucrados en los ataques de 2023.
Israel consideró que las audiencias en curso en La Haya son “parte de una campaña abusiva y sistemática que, lamentablemente, utiliza el derecho internacional y las instituciones legales internacionales como armas, con el objetivo de privar a Israel de los derechos fundamentales que se otorgan a todos los Estados soberanos, incluyendo el derecho a defenderse”.
En su opinión, este caso “invita a la Corte, de manera parcial y prejuiciosa, a considerar que Israel solo tiene obligaciones y ningún derecho; y, además, que esas obligaciones son absolutas e incondicionales”, una conclusión que sería “incorrecta jurídicamente” y aproximaría a la Corte a “los órganos políticos —y a menudo politizados— de las Naciones Unidas”, según Israel.
En este sentido, pidió a la CIJ negarse a emitir la opinión legal no vinculante solicitada por la Asamblea de la ONU sobre las obligaciones de Israel con relación a la presencia y las actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones y Estados.
La CIJ escuchará hasta el viernes los argumentos de unos 40 países sobre esta cuestión.
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