Informe: “Filber dijo a la policía que Netanyahu lo presionó para que aceptara el pacto de soborno”

Shlomo Filber, el ex hombre de confianza del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que se convirtió en testigo del Estado fue quien suministró el testimonio clave en la investigación por supuesta corrupción en el llamado Caso 4000, según los reportes, al contarle a los detectives que el mandatario le había ordenado que beneficie a la empresa de telecomunicaciones Bezeq, propiedad  de Shaul Elovitch.
Filber, ex director general del Ministerio de Comunicaciones, es uno de los sospechosos que firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar la policía y aportó un testimonio incriminatorio contra Netanyahu en el caso de corrupción. El otro es el ex asesor mediático de la familia Netanyahu, Nir Hefetz.
La Policía anunció que hay suficientes pruebas para procesar a Netanyahu por soborno, fraude, abuso de confianza y aceptación fraudulenta de beneficios en el Caso 4000 o “Bezeq-Walla”.
Los detectives concluyeron que el primer ministro promovió decisiones regulatorias que beneficiaron a Elovitch, quien controlaba el paquete accionario mayoritario de Bezeq, a pesar de la oposición de los funcionarios de carrera del Ministerio de Comunicaciones. Todo eso, a cambio de una cobertura positiva en el portal de noticias de internet Walla, también propiedad de Elovitch. En aquel momento, Netanyahu se desempeñaba también como ministro de Comunicaciones.
El Canal 10 de la televisión reportó que Filber le dijo a los investigadores, que cuando fue designado director general del Ministerio de Comunicaciones, Netanyahu le dijo en una reunión a puertas cerradas que tomara las medidas para beneficiar a Bezeq y a Elovitch.
El testimonio de que Netanyahu presionó a Filber para que acepara supuestamente un acuerdo de soborno es una parte clave de las pruebas recolectadas por la policía contra el primer ministro, según el reporte.
Los abogados de Netanyahu rechazaron el reporte y alegan que contradice los mensajes de Twitter y las declaraciones formuladas por el propio Filber en aquellos momentos.
«Dado que en el caso no hay nada, existen intentos de crear la falsa impresión de que hay varias piezas de evidencia o documentos que ni siquiera fueron presentados al primer ministro en sus interrogatorios», agregaron. «Eso no es más que puro viento».
Mientras tanto, el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, quien reemplazó a Netanyahu como ministro de Comunicaciones para supuestamente ayudar a Bezeq, acusó a la policía por los informes de que habían considerado su testimonio como un asunto central en el caso contra el primer ministro.
Erdan negó que hubiese implicado a Netanyahu durante su interrogatorio sobre el caso Bezeq. El titular de la cartera de Seguridad Interior le dijo a Radio del Ejército (Galei Tzáhal) que «cuando era ministro de comunicaciones, el primer ministro nunca intentó influirme ni que cambie mi opinión, y eso es lo que declaré. La policía es culpable de los informes”.
El Caso 4000 es el tercer caso en el que la Policía recomienda presentar cargos de soborno contra el primer ministro. También recomendaron que su esposa, Sara, sea sometida a juicio en este caso, junto con el propietario de la compañía de telecomunicaciones Bezeq, su esposa y otros.
Las conclusiones y recomendaciones fueron a la Oficina del Fiscal General (y asesor jurídico del Gobierno), Avichai Mandelblit, donde primero serán revisadas por el Fiscal del Estado antes de ser revisadas por propio Mandelblit.
Mandelblit es quien tomará la decisión final sobre si se debe procesar al primer ministro. Pero quiere examinar los tres casos al mismo tiempo, lo que será posible solo después de que reciba las recomendaciones del Fiscal del Estado basadas en los informes policiales finales. Por lo tanto, se estima que la última palabra sobre si Netanyahu será sometido a juicio surgirá probablemente a fines de 2019.
La policía ya ha recomendado que Netanyahu sea procesado por soborno, fraude y abuso de confianza en otros dos casos de corrupción, los Casos 1000 y 2000. Netanyahu sostiene que los jefes policiales lanzaron una «caza de brujas» en su contra y niega que haya cometido algún delito.