El «Acuerdo del Siglo» y el desafío europeo de Israel

Donald Trump y Benjamín Netanyahu Foto: Casa Blanca Joyce N. Boghosian vía Flickr Dominio Público

El destino del «Acuerdo del Siglo» es incierto porque todavía no está claro si y cuándo la Administración Trump dará luz verde a Israel para implementar parte del acuerdo a pesar de su rechazo por parte de los palestinos. El acuerdo, que debe negociarse entre Israel y los palestinos, sugiere intercambios de tierras en los que Israel anexaría aproximadamente el 30% de Cisjordania. Si el acuerdo permanece irrelevante debido a la negativa de los palestinos a negociar, ¿puede Israel disfrutar de sus beneficios territoriales hasta que los palestinos cambien de opinión (si alguna vez lo hacen)? Las 181 páginas del acuerdo no brindan respuesta a esa pregunta y, por lo tanto, Israel no puede actuar sin un gesto de asentimiento de la Administración Trump. Si tal asentimiento no se da antes de las elecciones de noviembre de 2020 y si esa elección la gana un demócrata, el acuerdo se convertirá en letra muerta.

Si bien Israel debería asegurar el apoyo de Estados Unidos para la implementación parcial del acuerdo en ausencia de negociaciones, también debe adelantarse y mitigar la oposición de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido. Esto debe hacerse no solo neutralizando las decisiones unánimes del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE gracias a los votos de los gobiernos europeos que simpatizan con Israel, sino también convenciendo a los líderes y creadores de opinión europeos de que el «Acuerdo del Siglo» no es, de hecho, incompatible con el derecho internacional y con la solución de dos estados.

Las primeras reacciones europeas al acuerdo proporcionan una indicación sobre cómo y dónde Israel debe invertir sus esfuerzos diplomáticos. Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, emitió una declaración en la que afirmó que el plan Trump «se aparta de… los parámetros acordados internacionalmente» y advirtió que las anexiones israelíes en Cisjordania «no pasarían sin respuesta». Francia dijo que agradecía los esfuerzos del presidente Trump, que «estudiaría» su plan, y reiteró su compromiso con una solución de dos estados y con el derecho internacional. El gobierno británico acogió con beneplácito el plan de Trump y lo calificó de «una propuesta seria», alentando a israelíes y palestinos a negociar sobre su base e insistiendo en que correspondía a ellos determinar si el plan se ajustaba a sus aspiraciones y preocupaciones. Alemania fue más tibia, acogió con beneplácito, por un lado, el respaldo del plan a una solución de dos estados, pero cuestionó por otro lado la compatibilidad del plan con el derecho internacional. Polonia dijo que veía en el plan una «base valiosa» para futuras negociaciones entre Israel y los palestinos, y Hungría dijo vagamente que apoya «todos los esfuerzos» destinados a resolver el conflicto israelí-palestino.

Gracias a los votos de Italia, Austria, Hungría y la República Checa, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE no pudo aprobar una resolución destinada a criticar el plan de Trump y advertir a Israel que no proceda con anexiones en Cisjordania. La táctica de «divide y vencerás» de Israel entre los miembros de la UE fue exitosa una vez más. Pero Israel también debe influir en las opiniones públicas europeas y en los responsables de la toma de decisiones sobre las ventajas del plan y su coherencia con el derecho internacional.

Los principales creadores de opinión y los principales medios de comunicación de Europa son en su mayoría hostiles al plan Trump. Gran Bretaña ofrece un ejemplo típico: mientras el gobierno británico se mostró disponible, la mayoría de los periódicos británicos están horrorizados. The Economist afirmó que el plan «no traerá la paz» y «puede significar el final de la solución de dos estados». Un columnista de The Guardian escribió que el acuerdo debe ser rechazado porque supuestamente va en contra de «innumerables resoluciones de la ONU, los Acuerdos de Oslo de 1993, la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 y la idea fundamental de que los palestinos, como los israelíes, tienen el derecho inalienable a la libre determinación».

Israel debe defenderse de estos argumentos y machacar lo siguiente al público europeo.

El resultado final de los Acuerdos de Oslo estaba destinado a ser un «status final», pero ese status no estaba predeterminado. El signatario de los acuerdos en nombre de Israel, el extinto primer ministro Yitzhak Rabin, describió poco antes de su asesinato cómo debería ser este «status final»: un estado palestino desmilitarizado con soberanía limitada sobre aproximadamente el 70% de Cisjordania (y toda la Franja de Gaza), y la soberanía israelí sobre Jerusalén unida, así como sobre el Valle del Jordán y los bloques de asentamientos.

El «Acuerdo del Siglo» implementa la visión de Rabin, pero con una diferencia importante para ventaja de los palestinos: intercambios territoriales recíprocos entre Israel y el estado palestino (algo que Rabin nunca hubiera soñado, y mucho menos aprobado). Israel anexará aproximadamente el 30% de Cisjordania, y el estado palestino anexará un territorio de tamaño similar dentro de Israel anterior a 1967 (en el desierto de Judea, en el Negev en la frontera con Egipto y al norte de Cisjordania) de mantera tal que el territorio del estado palestino «abarque un territorio de tamaño razonablemente comparable al territorio de Cisjordania y Gaza antes de 1967» (página 12). El plan garantiza la contigüidad del estado palestino dentro de Cisjordania (a través de puentes y túneles) y entre Cisjordania y la Franja de Gaza (a través de un túnel).

Por lo tanto, el plan Trump cumple con los requisitos de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, adoptada en diciembre de 2016 durante los últimos días de la Administración Obama. Si bien el presidente Trump ha denunciado esta resolución (como lo hicieron muchos legisladores estadounidenses), su plan la cumple. La resolución del Consejo de Seguridad 2334 constituyó un revés para Israel porque «no reconoce ningún cambio en las líneas del 4 de junio de 1967, incluso con respecto a Jerusalén, que no sean los acordadas por las partes a través de las negociaciones». Dado que los palestinos no están de acuerdo con los cambios en las líneas de 1967 sin intercambios de territorios, la resolución 2334 niega de hecho a Israel las ganancias territoriales que fueron posibles bajo la más flexible resolución 242 del Consejo de Seguridad (que no exigía que Israel se retirara a esas líneas). Al incluir intercambios de territorio de tamaños similares, el plan es consistente con la resolución 2334. En cuanto a otras «innumerables resoluciones de la ONU», adoptadas por la Asamblea General, no son vinculantes y carecen de autoridad moral desde que fueron aprobadas gracias a la política de «mayoría automática» de autocracias que pisotean el estado de derecho y cuyo historial de derechos humanos es pésimo.

Finalmente, el plan no niega el derecho de los palestinos a la libre determinación. Se adhiere a la solución de dos estados y tiene como objetivo lograr el «reconocimiento mutuo del Estado de Israel como el estado nacional del pueblo judío, y el Estado de Palestina como el estado nacional del pueblo palestino, en cada caso con igualdad de derechos civiles para todos los ciudadanos dentro de cada estado ”(página 7). Ese estado será desmilitarizado, y su soberanía será limitada para no poner en peligro la seguridad de Israel. Por otro lado, el estado palestino será prodigado con un «Plan Marshall» de 50 mil millones de dólares para construir su infraestructura e impulsar su economía. Estados Unidos está ofreciendo a los palestinos el acuerdo ofrecido a los alemanes y a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial: cambie su ideología destructiva por destrezas económicas.

Esa ideología destructiva alimenta políticas incompatibles con la paz: el pago de salarios a las familias de los terroristas, la demonización de los judíos en los libros de texto escolares y en los medios de comunicación y alimenta la ilusión de que los descendientes de los refugios árabes de 1948 tienen un «derecho de retorno» a Israel. El plan de Trump establece el registro histórico estricto al recordar que la guerra de 1948 produjo refugiados árabes y judíos (en cantidades similares), que UNRWA mantiene vivo el problema de los refugiados, en lugar de resolverlo integrándolos en sus países de acogida.

El plan proporciona un fuerte argumento para mantener a Jerusalén unida bajo la soberanía de Israel: solo Israel (a diferencia de Jordania antes de 1967) ha garantizado la libertad religiosa y la preservación de todos los sitios religiosos en la Ciudad Vieja. Precisamente porque el plan reconoce la importancia de la ciudad para las tres religiones monoteístas, e insiste en mantenerla bajo la soberanía del único país de la región que respeta la libertad religiosa y el estado de derecho. Al mismo tiempo, los barrios de la ciudad fuera de la valla de seguridad estarán bajo soberanía palestina y constituirán la capital del estado palestino.

Los palestinos ya han rechazado directamente el plan incluso antes de verlo, por lo que son consistentes con su posición de rechazo desde que se propuso la partición por primera vez en 1937. Si los palestinos persisten en rechazar las negociaciones, Israel probablemente procederá con anexiones a las que se opone la UE. La única forma en que Europa puede detener esto es convencer a los palestinos de que negocien con Israel un acuerdo imperfecto que les otorgue un estado desmilitarizado en un territorio de tamaño similar al de Cisjordania y la Franja de Gaza anteriores a 1967 y cuya economía será reconstruida e impulsado por una inversión de 50 mil millones de dólares.

Fuente: Jerusalem Institute for Strategy and Security

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