Hasta hace poco me preguntaba cómo sería el día después de las elecciones. Y no me refería, por supuesto, al júbilo y a las lamentaciones que corresponderían respectivamente a quienes se verían triunfantes o derrotados (que en este caso sería estrictamente si Benjamín Netanyahu, el actual Primer Ministro, acumulara o no suficientes mandatos para volver a encabezar el gobierno). Se trataba más bien de reflexionar sobre cómo retomaría la gente el tratamiento de los muchos problemas que afectaban y que afectan a la sociedad israelí pero que a raíz de la pandemia han estado siendo dejados de lado, aunque sin que desaparezcan.
En el fondo estaba apostando -guiado más que nada por una profunda expresión de deseos- a que después de esta elección la sociedad israelí comenzaría ¡por fin! a pensar en el futuro, a pesar de los conflictos internos y de los escenarios externos y a pesar de la todavía presente crisis sanitaria.
Pero ya pasada la elección, los resultados conocidos y el incierto empate que está en el aire impiden, al menos hasta ahora, definir triunfadores y perdedores -en la medida que triunfar o perder equivale a rechazar a Benjamín Netanyahu como cabeza del gobierno o continuar con él como Primer Ministro. Y eso es lo que realmente mantiene en vilo a esta sociedad, en lugar de ver a una sociedad movilizada hacia adelante. Es más, cada vez resulta menos traumático pensar en una quinta elección, aún a sabiendas que esa alternativa -que equivale a echar la pelota para adelante, para usar un símil futbolístico- será seguramente la preferida por Netanyahu para ganar tiempo y prolongar su estadía en el poder, si no logra armar una coalición a su gusto.
Ciertamente, los resultados de esta elección reflejan los fuertes y ya conocidos conflictos que dividen a la sociedad israelí: religiosos vs. seculares, ashkenazim vs. mizrajim, nacionalistas chauvinistas vs. partidarios de dos estados, judíos y árabes. Estos conflictos están más que nunca presentes en las especulaciones, negociaciones, declaraciones, amenazas y cantos de sirena que acompañan los penosos (y quizás infructuosos) esfuerzos por constituir alguna coalición de gobierno más o menos viable. Pero a ello se superpone el carácter de la clase política de Israel en su conjunto, que salvo raras excepciones, ha dejado de lado la idea de que su principal responsabilidad es la de servir a la sociedad, no servirse de ella.
Y la sociedad -también salvo raras excepciones- ha venido amoldándose a esta situación. Prueba de ello son los resultados de esta elección, que recogen en buena medida los rasgos tribales de esta sociedad (así por ejemplo los partidos religiosos, algunos de los cuales representan también a una alta proporción de población originaria del norte de África y de Asia, los partidos que agrupan a una mayoría de la población árabe israelí y los que están constituidos mayormente por inmigrantes de los países de la ex Unión Soviética y sus descendientes).
Mientras tanto, el país continúa rigiéndose por un presupuesto (el del año fiscal 2019) cuya estructura fuera aprobada a fines del 2018. Ese importante instrumento de política se ha convertido en una herramienta de chantaje político, utilizada por el actual primer ministro para ganar tiempo en su permanencia al frente del gobierno y su no aprobación en tiempo y forma se ha utilizado para convocar una y otra vez a elecciones. Vale la pena detenerse sobre este tema del presupuesto, ya que se trata de un instrumento vital para el funcionamiento del país; y sin embargo su ausencia -es decir, la carencia de un nuevo presupuesto durante estos últimos años- no parece notarse en el día a día de esta sociedad.
El presupuesto público constituye la formulación más precisa de las políticas de un dado gobierno, y de ahí su importancia. El énfasis que se ponga en asignar recursos a determinadas áreas en detrimento de otras, así como la magnitud de los recursos asignados a cada una de ellas, señala las preferencias del gobierno.
Cuando éste está conformado por una coalición de partidos, la distribución de los recursos es también, en buena medida, el resultado de presiones de los partidos de la coalición, que procuran financiar áreas de su interés, incluyendo a los grupos poblacionales que responden a esos partidos.
La estructura impositiva determina qué tipo de impuestos son los que prevalecen y aportan la mayor parte de los recursos que financian el gasto público; esa estructura refleja también la ideología predominante en el gobierno. Así, un gobierno de corte neoliberal procurará ir disminuyendo el gasto público como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), como viene sucediendo sistemáticamente en Israel en las últimas dos décadas. De manera concomitante, los impuestos recaudados han descendido de 35% a 30% como % del PIB, en el mismo período.
Lo que es importante también, en términos del presupuesto, es que su formulación por el Poder Ejecutivo (el gabinete de ministros) y su aprobación por parte del Poder Legislativo (representado en Israel por la Knéset) conlleva el control de su ejecución. Año con año se procede a aprobar un nuevo presupuesto dentro de plazos determinados por ley, a la luz de los resultados del anterior y de las preferencias -ideológicas o de otra naturaleza- del partido o los partidos de gobierno, aunque en Israel, en los últimos años y por motivos estrictamente de conveniencia política, se han aprobado presupuestos que cubren dos años.
Pero en la realidad israelí, y utilizando en su provecho las disposiciones legales que establecen plazos definidos para aprobar presupuestos y para disolver la Knéset y convocar a elecciones si esos plazos no se cumplen, Netanyahu y sus seguidores han impedido hasta ahora que se vote un nuevo presupuesto. El último presupuesto aprobado por la Knéset fue en el 2018: ese presupuesto cubría ese año y el 2019. En el 2020, con la pandemia instalada en el país y después de las elecciones de marzo de ese año, que arrojaron nuevamente un empate entre bloques, se logró constituir una coalición de gobierno encabezada por Netanyahu por el Likud y Ganz por Azul y Blanco. Una cláusula del acuerdo alcanzado establecía la obligación de formular y aprobar un presupuesto para el bienio 2020/2021, pero Netanyahu se negó a discutir un presupuesto bianual, lo que llevó, luego de posponer su tratamiento hasta diciembre. Pero ante la persistente negativa de Netanyahu a aprobar ¡en diciembre de 2020! un presupuesto que cubriera también el 2021, se disolvió la Knéset y se volvió a convocar a elecciones, con los resultados ya conocidos.
Es así que el país continúa sin un nuevo presupuesto, lo que no obsta para que se hayan votado ingentes recursos para enfrentar la pandemia, tanto del punto de vista sanitario como del económico, así como también se asignaron nuevos recursos para seguridad. Pero en la actual fase de la pandemia, que con cierto optimismo se podría caracterizar como de salida, resulta imperativo cumplir, como mínimo, con las recientes recomendaciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional en su último Informe sobre la economía israelí (Enero 2021): “Una rápida adopción del presupuesto 2021 ayudaría a priorizar el gasto, a posicionar a la economía para el crecimiento y reducir la incertidumbre económica asociada con la pandemia… El foco debería estar en la provisión de apoyos al sector de salud, en el refuerzo de la protección social y en políticas activas para el mercado de trabajo, así como llevar a cabo proyectos públicos de alta generación de empleo”.
Sin embargo, pese a este conjunto mínimo de recomendaciones, cuya necesidad resulta evidente, lo que impera es el cortoplacismo, con la improvisación como instrumento central y con maniobras politiqueras como herramienta habitual, la más reciente de las cuales es el bloqueo al nombramiento de un Ministro de Justicia y todo para mantener vigente un esquema de poder -y una persona aferrada a ese esquema- aún a costa del creciente deslizamiento hacia la pérdida de valores democráticos que ese esquema y que esas circunstancias están facilitando.
Los eventuales desarrollos futuros -entre los que pueden citarse nuevas elecciones con los mismos actores, un gobierno de extrema derecha que entierre definitivamente los valores democráticos todavía presentes, sucesivos gobiernos con coaliciones temporales débiles-, no parecen dejar demasiado espacio a la esperanza. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga, y quizás seamos todavía capaces de reaccionar a tiempo.