Las noticias en el frente económico no son demasiado halagüeñas, pero tampoco parecen preocupar demasiado a las autoridades, y menos aún a la población. En lo inmediato, los niveles del déficit público aparecen como el tema más manejado últimamente, no sólo con el anuncio de sus valores en el año 2018 sino también de los que alcanzará presumiblemente durante el presente año y en el 2020. En efecto, ya es oficial la cifra de 3.8% del déficit fiscal en el 2018, como porcentaje del PIB, cuando estaban programados valores inferiores al 2%, y se estima que en el presente año se supere la cifra de 4%.
Los organismos internacionales, así como las agencias calificadoras de riesgo, han mostrado su preocupación por esta situación (el Fondo Monetario Internacional desearía que en el 2019 el déficit no superara el 2,5% del PIB), pero como ya se ha señalado repetidas veces, su interés central en ese tema está vinculado con la capacidad de la economía israelí para cumplir con sus compromisos financieros, es decir, para asegurar a los inversores que sus inversiones en Israel -y los beneficios de esas inversiones- están debidamente protegidos. Y si bien esa preocupación es legítima, más importante es analizar porqué se llega a valores tan altos de déficit (es decir, el motivo que lleva a que los gastos del sector público excedan tanto a sus ingresos).
Porque si el exceso de gastos sobre ingresos, en un periodo determinado, es el resultado de inversiones públicas en infraestructura, por ejemplo, o de mejores niveles de salud y de educación, entonces esas inversiones o esos avances en salud y en educación llevarán a la larga a mejorar los ingresos públicos (por la vía de un mayor crecimiento y de mejoras en la recaudación) y a compensar los déficits incurridos anteriormente.
Pero si el déficit es producto de gastos públicos que favorecen a ciertos sectores o áreas y/o de disminuciones de los ingresos fiscales por baja de impuestos y/o la concesión de ventajas impositivas especiales, es preciso revisar esas políticas, para evitar el riesgo de una espiral de consecuencias económicas y sociales negativas. Porque la realidad es que el gasto público en Israel, como porcentaje del PIB, viene disminuyendo hace ya tiempo y ello pese a la necesidad de inyectar mayores recursos en educación y salud particularmente, pero también en infraestructura física.
Tal ha sido, machaconamente, la tesitura del Banco de Israel en los últimos años, que viene reclamando un mayor gasto público y más ingresos fiscales para financiarlos. Esa posición acaba de ratificarla de alguna manera en su Boletín de Prensa del 23 de junio, donde se resumen los comentarios hechos por el Gobernador del Banco de Israel en una reunión gubernamental (donde presumiblemente se habrían discutido temas presupuestales), y en la que habría prometido que dentro de poco el Banco publicaría una serie de medidas que propone para aumentar la productividad en la economía. Y sin embargo no parece haber por el momento decisiones que cambien el rumbo actual; la confusión preelectoral que está reinando en el ambiente minimiza por el momento (casi) cualquier otro problema. En todo caso, vale la pena recordar que el gobierno que se elija en las elecciones nacionales del próximo septiembre, y que con suerte comenzaría a funcionar a finales de este año, tendrá (como siempre) poco tiempo para estudiar y aprobar el próximo presupuesto (2020).
Pero más allá de lo inmediato importa retener, entre otras cosas, dos acontecimientos recientes -uno de carácter interno, el otro externo- que han de repercutir de manera importante en el funcionamiento de la sociedad israelí. Se trata, por un lado, de las manifestaciones de la población de origen etíope contra la violencia policial (y de manera más amplia, contra manifestaciones racistas presentes en esta sociedad), y por el otro, de las eventuales consecuencias del “acuerdo del siglo” que continúa anunciando el Presidente Trump con bombos y platillos, y en particular su vertiente económica, recientemente presentada en Bahréin.
Las manifestaciones y protestas de la población israelí de origen etíope, que en ocasiones se han tornado violentas, a raíz de la muerte del joven Solomon Tekah por disparos de un policía fuera de servicio, ponen sobre el tapete serios problemas de discriminación, que permanecen latentes en el seno de esta sociedad. Mucho se ha hablado, en este sentido, de las muy diferentes reacciones que se constatan en el país, dependiendo de la pertenencia étnica del o de los agraviados, o del o de los responsables por agravios. Porque resulta obvio, aunque no lo verbalicemos, que la discriminación está presente entre nosotros, y no se trata de algo de lo que cabe enorgullecerse, pese a que las raíces de ese sentimiento puedan rastrearse en la tantas veces repetida afirmación de “pueblo elegido”.
Pero cabe destacar algo más. En términos sociales, nos hemos acostumbrado a escuchar que los niveles de pobreza en Israel -que como sabemos son de los más altos dentro de los países de la OECD- se concentran especialmente en dos sectores de la población: los judíos ultraortodoxos y los árabes israelíes. Y sin embargo, las manifestaciones recientes evidencian también niveles de discriminación económica en los sectores poblaciones de origen etíope (que podrían extenderse a otros subsectores) lo que lleva a sospechar que la problemática social del país se está profundizando, más allá de las cómodas explicaciones que nos damos para nuestra tranquilidad y para mantenernos dentro de los límites de lo políticamente correcto.
En cuanto a las propuestas económicas del “acuerdo del siglo” tan cacareado por el presidente Trump y su Administración, la reunión en Bahréin parece haber transcurrido sin pena ni gloria, y es difícil especular sobre las motivaciones que llevaron a realizarla, pese a la evidente renuencia por parte de los palestinos (y de algunos otros jerarcas árabes) a participar en ella, renuencia que de alguna manera fuera compartida por Israel. En el mejor de los casos, las 40 páginas de la propuesta estadounidense “Peace to prosperity. The economic plan: a new visión for the palestinian people” (tal es el nombre oficial de la propuesta), hacen recordar los ejercicios de planificación del desarrollo que se formularon en América Latina a partir de la Alianza para el Progreso, en la segunda mitad del siglo pasado, y que tuvieron un impacto muy limitado en el crecimiento de la región, además del hecho de que esos ejercicios se referían a entidades y países soberanos, y en la propuesta estadounidense está ausente toda mención a ese tema.
Y sin embargo, es preciso reconocer algunas virtudes a esa propuesta; una de ellas es el reconocimiento implícito de la vinculación entre Gaza y Cisjordania (el llamado West Bank), desde el momento que se contempla la construcción de una comunicación física entre ambos (tema prácticamente ignorado en Israel); otra es el énfasis puesto en el desarrollo de un fuerte intercambio regional, entre Israel, Egipto y Jordania con Gaza y el West Bank (el texto se cuida mucho de no mencionar a Palestina directamente). Pero en todo caso, el sólo hecho de insistir en la necesidad de alcanzar la paz obliga a reconocer que el mantenimiento del estatus quo no es una alternativa factible. Y así, la obstinación por continuar con ese estado de cosas sólo puede acabar en tragedia. Aunque nos empeñemos en no reconocerlo.