Esther Hayut asume como presidenta de la Corte Suprema de Justicia con el compromiso de mantener la independencia judicial, en plena pulseada entre el Poder Judicial y el Gobierno.
El presidente del Estado de Israel, Reuvén Rivlin, denunció días atrás un «intento de debilitar a los guardianes de la democracia israelí».
«Esta súplica por preservar lo que tenemos hoy es quizás más necesaria que nunca debido a los preocupantes intentos de socavar el estatus y la independencia de la rama judicial», declaró Hayut en la ceremonia de toma de posesión.
Hayut sustituye a Miriam Naor, que se retira tras un intenso mandato y una compleja relación con el actual Ejecutivo, habiendo sido objeto de duras críticas, la última el pasado mes al desaconsejar que los representantes de la Corte asistieran a un evento gubernamental por celebrarse en un asentamiento en el territorio de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania).
Naor reconoció haber tenido «bastantes desacuerdos» con la titular de Justicia, Ayelet Shaked, pero aseguró que habían llegado a entendimientos y «disfrutaban de una excelente relación», en una entrevista de despedida con la revista del Colegio de Abogados de Israel.
Los miembros del actual Gobierno han cargado en numerosas ocasiones contra las decisiones de la máxima instancia judicial, que ha suspendido la aplicación de leyes, como la que permitirá legalizar, de cara a la ley israelí, casas construidas en propiedades privadas de palestinos en asentamientos de Cisjordania.
Pero han sido dos iniciativas recientes las que más han hecho visible el choque entre los dos poderes.
La primera, la intención del partido religioso nacional Habait Haiehud (Hogar Judío) y los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá (Iahadut Hatorá), de la coalición gubernamental, de enmendar la Ley Fundamental (con rango constitucional) para que el Knéset (Parlamento) pueda volver a tramitar legislaciones canceladas por la Corte Suprema.
«En los últimos años, la Corte Suprema se ha colocado por encima de la legislatura en lugar de estar al lado», dijo el titular de Educación y líder de Habait Haiehudí para justificar la iniciativa que según los analistas no tendría recorrido político.
Además, un comité ministerial debatió recientemente el proyecto conocido como «Ley de Impunidad» que prohibiría investigar policialmente a un primer ministro en activo, como ocurre actualmente con Biniamín Netanyahu, considerado sospechoso de «soborno, fraude y abuso de confianza» en dos expedientes policiales.
La controvertida propuesta no ha encontrado el apoyo de todos los miembros de la coalición y el partido del centro Kulanu amenazó con vetarla en el Comité Ministerial Legislativo, que finalmente decidió posponer la votación.
La creciente preocupación por el control judicial protagonizó el discurso de Rivlin en la apertura de sesiones de invierno del Parlamento (Knéset) del lunes, cuando acusó a los legisladores de politizar las instituciones, declaraciones que fueron censuradas por los miembros de su partido Likud.
«Desde la burocracia profesional ‘política’ hasta el Controlor del Estado ‘político’, los ‘políticos’ de la Corte Suprema ‘político’, las fuerzas de seguridad ‘políticas’ e incluso Tzáhal, nuestras Ejército de Defensa de Israel son ‘políticas’; todo el país y sus instituciones, políticas», reprochó Rivlin.
En medio de las desavenencias entre el poder legislativo y judicial, la nueva presidenta de la Corte ha tomado el relevo de Naor con la confianza de «preservar la estructura existente para que no se rompa y no se vea perjudicada».
«La Corte es fuerte y se mantendrá fuerte. No permitiremos que la Corte Suprema sea amenazada o intimidada. No podemos ceder a las amenazas y las difamaciones», declaró Naor antes de su despedida. EFE y Aurora