La guerra jurídica contra Israel

Post thumbnailAsamblea General de las Naciones Unidas. Foto: GPO / Avi Ohayon
El denominado “Informe de la comisión internacional de investigación independiente sobre las protestas en el territorio palestino ocupado”, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que consiste en 22 páginas de datos concentrados en responsabilidades principalmente por parte del Estado de Israel durante la denominada “Marcha del retorno” organizada por Hamas en el año 2018, utiliza datos en algunos casos no confirmados o brindados por las propias autoridades palestinas. Éstas suelen inflar los datos o hacer manipulación de los mismos, ya que no contó ni con el aval del gobierno israelí o egipcio para ingresar en el territorio, alegando un tema de seguridad para los propios funcionarios del organismo internacional.

Sin embargo, y aunque se le pueda dar “el beneficio de la duda” al informe, este muestra desequilibrios en cuanto a las responsabilidades de las partes, y no es enfático en condenar el uso de violencia por parte de los palestinos –que incluyeron miembros de los brazos armados del Hamas en las manifestaciones-, sino que se limitan a un insípido inciso en el Capítulo IX sobre los hallazgos donde menciona en el punto 104:

“Algunos miembros del comité nacional superior, incluido Hamas, alentaron o defendieron el uso de cometas y globos incendiarios por parte de los manifestantes, causando temor y daños significativos en el sur de Israel. Las autoridades de facto en Gaza no cumplieron con sus obligaciones de diligencia debida para prevenir y detener el uso de estos dispositivos indiscriminados”.

A lo anterior se suma lo manifestado en el inciso 105 del mismo capítulo de hallazgos, donde se manifiesta el caso de un militante palestino disparando en medio de población civil desarmada contra las fuerzas israelíes, lo que generaba un riesgo nefasto en caso de una eventual respuesta militar por parte del ejército israelí, algo que se contrapone al Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente, en la parte práctica del informe, coloca una vez más mayor rango de responsabilidad en el Estado de Israel, a quien además se le procura aplicar una lista de siete distintas resoluciones el 18 de marzo próximo.

Por cierto, a comienzos de marzo se han firmado al menos cinco resoluciones condenatorias de distinta índole contra Israel, mientras que otros países recibirán si acaso una y otros países con violaciones flagrantes a los Derechos Humanos no recibirán ninguna. Lo anterior queda manifiesto por la cantidad de tiempo que se invierte en foros del Sistema Internacional enfocados en Israel. No se analiza el fondo sino la insistencia en condenar; se han hecho expertos en la práctica del Lawfare o “guerra jurídica” contra Israel, siendo esto parte de las estrategias de deslegitimación y uso del aspecto legal para imponer una agenda anti israelí en los diferentes espacios globales.

Basta con ver el desequilibrio en la cantidad de resoluciones que se han destinado a otros casos de violación a los Derechos Humanos, incluyendo temas sensibles para darse cuenta que en realidad no hay una intención de hacer justicia, sino que se transforman en plataformas políticas de carácter monotemático emprendiendo sus estrategias solamente sobre Israel.

En varios artículos, el sitio NGO Monitor ha hecho uso de su espacio para señalar la práctica del Lawfare anti israelí, dejando manifiesto el uso abusivo del Derecho Internacional para doblegar desde el área jurídica al Estado de Israel. Como manifestaría el profesor Gerald Steinberg de Estudios Políticos en Bar Ilan en una monografía, las ONG y otros organismos hacen manipulación de los términos jurídicos y se abusan de estos en una supuesta agenda relacionada con los Derechos Humanos, que en realidad utilizan con fines meramente políticos.

Así también lo manifestó el embajador estadounidense John Bolton al Washington Post en un artículo del año 2011, donde establecía que la guerra jurídica de los palestinos por lograr el reconocimiento internacional tenía como fin más directo la deslegitimación de Israel, y esto queda en evidencia cuando se ve el fondo de resoluciones donde el marco jurídico objeta a favor de embargos o persecución a miembros del Estado Judío, degenerando el proceso de paz que está en un coma inducido desde hace tiempo ya, desencadenando una respuesta similar desde el aspecto jurídico por parte de Israel.

Finalmente, también en el 2011 el ex ministro de justicia canadiense Irwin Cotler manifestó que el uso jurídico contra Israel comprende cinco áreas importantes desde las cuales emprenden sus esfuerzos: los foros de las Naciones Unidas, la interpretación del Derecho internacional, el uso y manejo acerca del Derecho internacional humanitario, la lucha contra el racismo y la lucha contra el genocidio. En todos estos aspectos el fin es la deslegitimación, ese proceso lleva a un aislamiento y busca finalmente la destrucción del Estado Judío. Y hacia ese objetivo se dirigen los dardos desde el aspecto jurídico claramente.

Bryan Acuña Obando