En su declaración del 18 de mayo de 2020, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y presidente de la OLP, anunció que «la Organización de Liberación de Palestina y el Estado de Palestina están absueltos de todos los acuerdos y entendimientos con Estados Unidos y con los gobiernos de Israel, y de todas las obligaciones basadas en estos acuerdos y tratados, incluidos los de seguridad»1.
Este último berrinche de Mahmoud Abbas y las acciones posteriores para detener unilateralmente la seguridad, la salud y otras formas de cooperación con Israel, plantean varias cuestiones legales y políticas interesantes con respecto a la veracidad y credibilidad de todos y cualquier compromiso palestino, ya sea en los diversos documentos que comprenden los Acuerdos de Oslo o en otros compromisos internacionales suscritos por los palestinos.
Porque si el liderazgo palestino siente que puede revocar de manera flexible y libre obligaciones solemnes en acuerdos firmados, testificados y avalados por líderes internacionales, simplemente por capricho de Mahmoud Abbas y sus asesores cercanos y simplemente porque desaprueban e incluso porque se oponen a los discursos o declaraciones políticas israelíes, entonces uno se preguntará…
Lo que quizás sea curioso, si no es que triste, en la declaración y las acciones de Abbas es el hecho de que aparentemente no responden a ninguna acción israelí específica que pueda interpretarse como una violación de esos acuerdos. Israel, fiel a sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de Oslo, no ha realizado ninguna modificación unilateral en el estado de los territorios.
Las acciones palestinas son simplemente en respuesta a una disposición del acuerdo de coalición del Gobierno de Israel y un discurso del primer ministro de Israel en la Knesset israelí, expresando posibles intenciones de aplicar la ley o soberanía israelí a partes de los territorios en una fecha posterior, pero sin que tales acciones se hayan ejecutado realmente y sin ningún detalle en cuanto a cómo, si es que tales acciones realmente se materializarán.
Por el contrario, el plan de paz de Trump invita a los líderes palestinos a involucrarse en la negociación de la implantación del plan, con amplios incentivos financieros y económicos que beneficiarían enormemente a la población palestina. Pero después de haber rechazado el plan por completo y haberse retirado de la mesa de negociaciones, Abbas no está en posición de amenazar o presionar a Israel ni a Estados Unidos. No tiene a su disposición ningún derecho de veto.
A la luz de la declaración de Abbas que exime a los palestinos de todas las obligaciones, surge la cuestión de si dicha abrogación, así como la violación unilateral real por parte de los líderes palestinos de sus compromisos en los Acuerdos de Oslo mediante la obstrucción activa y la prevención de la seguridad y otras formas de cooperación bilateral, ¿no representa una violación material de esos acuerdos, frustrándolos y haciéndolos imposibles de implantar, y permitiendo así a Israel declararlos nulos?
Incluso se puede preguntar a la comunidad internacional qué valor existe en la continua fijación palestina de adherirse a las convenciones internacionales en violación de sus compromisos de Oslo, cuando demuestran de manera tan asertiva que pueden violar libremente cualquier compromiso en tales convenciones y acuerdos, sin ninguna buena razón.
Abbas justifica sus acciones contra Estados Unidos e Israel sobre la base de su profunda antipatía hacia el Plan de Paz de Trump, al reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel y su aversión personal al propio presidente Trump. Pero el plan de paz de Trump, en sí mismo, no viola ningún acuerdo como tal. Simplemente establece un marco ostensible para la paz entre los palestinos e Israel, incluido el establecimiento de un Estado palestino y la concesión de considerables beneficios económicos para el pueblo palestino.
De hecho, uno puede preguntarse cómo todo esto justifica, legal o políticamente, la declaración de Abbas que exime a los palestinos de todos los acuerdos y entendimientos, y las instrucciones posteriores para obstruir e impedir la cooperación de seguridad con Israel, gran parte de lo cual sirve a los intereses del liderazgo palestino y de la población palestina.
Del mismo modo, prácticamente hablando, uno puede preguntarse cómo Abbas y sus colegas pretenden liberarse de obligaciones como la que se dio en el intercambio de cartas de reconocimiento mutuo de septiembre de 1993 entre el presidente de la OLP, Yasser Arafat, en nombre del pueblo palestino, y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, según el cual el jefe de la OLP afirmó que «todas las cuestiones pendientes relacionadas con el Estado permanente se resolverán mediante negociaciones»2.
Igualmente, surge la pregunta de cómo la abrogación de las obligaciones de cooperación en materia de seguridad afectará los compromisos palestinos más centrales y vitales en los Acuerdos de Oslo de «tomar todas las medidas necesarias para prevenir actos de terrorismo, crimen y hostilidades»3. De la misma manera, sus obligaciones específicas de prevenir y actuar contra la incitación y la propaganda hostil, de cooperar para prevenir la actividad delictiva, el tráfico de drogas y similares representan obligaciones centrales que, dado que los palestinos todavía no las están violando repetidamente, constituyen un componente fundamental de la relación israelo-palestina4.
Las implicaciones de la violación de tales compromisos podrían ser considerables y muy graves, en la medida en que representan el corazón de la relación de vecindad entre palestinos e israelíes.
La abrogación formal por parte de los líderes palestinos, sin ninguna razón aparente o justificable, podría considerarse como una violación fundamental de los acuerdos, lo que da derecho a Israel a considerarlos nulos y a perseguir sus propios intereses vitales de seguridad y territoriales, sin estar limitados por ninguna de las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Oslo. Esto es particularmente significativo en relación con aquellas disposiciones que se ocupan de la seguridad del espacio aéreo y la seguridad a lo largo de la costa de Gaza, y disposiciones que otorgan derechos a palestinos VIP y paso de la policía.
Incluso en la larga lista de campos de cooperación y coordinación no relacionados con la seguridad, cubiertos por el Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Interino6, lo que incluye salud, agricultura, agua y alcantarillado, telecomunicaciones, pesca, combustibles, canteras, turismo y transporte, y al igual que los otros protocolos del acuerdo que cubren la cooperación legal, las relaciones económicas y financieras, la terminación caprichosa de Abbas del acuerdo con Israel causaría daños y sufrimientos considerables a su propia población.
La declaración palestina debe ser tomada muy en serio, tanto por Israel y Estados Unidos como por la comunidad internacional, todos los cuales tienen un serio interés en mantener la integridad del proceso de paz.
Fuente: Centro Jerusalén para Asuntos Públicos
El emb. Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Centro Jerusalén [para Asuntos Públicos] y jefe del Foro sobre Derecho Global. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como en acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel en Canadá.