La Corte Suprema de Gibraltar ha ordenado extender durante catorce días el periodo de detención del superpetrolero Grace 1 que fue interceptado ante las sospechas de que transportaba crudo a una refinería de Siria sujeta a las sanciones de la Unión Europea contra el país.
Gibraltar informa de que las regulaciones del acta de sanciones de la colonia británica permiten a las autoridades la detención de un barco por 72 horas.
Para prorrogar este periodo se requiere una orden de la Corte Suprema de Gibraltar, tras un requerimiento del fiscal general de la colonia.
Tras una audiencia privada, la Corte Suprema ha emitido la orden para que el periodo de detención del Grace 1 se prorrogue durante catorce días.
En otro comunicado el Gobierno de Gibraltar asegura que «todas las decisiones» que llevaron a interceptar el barco «se tomaron solo como resultado directo de que existían razones justificadas para creer que la embarcación estaba infringiendo las sanciones de la UE contra Siria», sin que el ejecutivo de la colonia británica recibiera «en ningún momento peticiones políticas de ningún Gobierno para actuar o dejar de actuar».
Esta precisión se produce después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España decidiera estudiar presentar una queja formal en forma de nota verbal al Reino Unido por el apresamiento en aguas españolas próximas a Gibraltar por parte de efectivos británicos del petrolero.
Según fuentes de Exteriores de España, efectivos británicos prepararon una intervención para apresar al superpetrolero cuando entrara en el puerto de Gibraltar.
Sin embargo, al no poder entrar el buque en el puerto, la intervención se llevó a cabo en las aguas que rodean Gibraltar, que según Madrid, son de soberanía española.
España decidió no interferir en la operación para cumplir con el régimen de sanciones de la UE.
«El Gobierno de Gibraltar tomó sus decisiones de forma totalmente independiente, con base en una infracción de la legislación vigente y de ninguna manera basándose en consideraciones políticas ajenas»», insiste en su comunicado el Gobierno gibraltareño, que defiende que el buque «entró en nuestra jurisdicción».
Las aguas que rodean al Peñón son una habitual fuente de litigio porque no se incluyeron en el Tratado de Utrecht, por el que en 1713 España cedió a Inglaterra el Peñón de Gibraltar. Por ello España defiende que la colonia no tiene aguas jurisdiccionales, mientras que la colonia británica reivindica tres millas. EFE y Aurora