Check Point Software Technologies es una de las mayores historias de éxito de la alta tecnología de Israel. Fundada hace casi un cuarto de siglo, fue pionera en cortafuegos informáticos, hoy emplea a más de 3.000 personas y tiene un valor de mercado de unos 18.000 millones de dólares.
Según informa el periódico The Marker, lo que menos se sabe es que Gil Shwed, cofundador y director de la compañía, aprendió los entresijos de la seguridad de la red mientras servía en la famosa unidad de inteligencia 8200 de la Fuerza de Defensa de Israel. Pero el ejército -y el contribuyente israelí que pagó por la educación de Shwed- nunca ha recibido una parte de los beneficios.
De hecho, una buena parte de las decenas de miles de millones de dólares de propiedad intelectual que el sector de alta tecnología de Israel ha generado a lo largo de los años fue originada en las áreas donde la unidad 8200 se especializa: telecomunicaciones y seguridad cibernética.
No menos de nueve comités de la última década han estudiado cómo las Fuerzas de Defensa de Israel podrían conservar los derechos de propiedad intelectual desarrollados y compartir los beneficios, pero se han perdido con preguntas sobre cómo trazar el progreso de una idea a un producto comercial, en lugar de preguntarse cómo compartir cualquier beneficio.
La industria de alta tecnología, por supuesto, piensa que sería un error intentarlo. La creación de una administración gubernamental para monitorear el sector y recaudar regalías haría que los inversionistas e incluso los ingenieros huyeran.
“Sería el golpe de la muerte para la industria”, dice Arik Kleinstein, socio fundador de la firma de capital de riesgo Glilot Capital, entrevistado por The Marker. “Los inversores tendrían miedo de invertir en startups fundadas por veteranos de la 8200. La alta tecnología es una industria competitiva y estamos en el mismo nivel que las empresas estadounidenses que no necesitan obtener aprobaciones del ejército de los Estados Unidos. Nadie que entienda la industria y viva en ella podría apoyar la idea”.
Muchos en la industria minimizan la contribución de la tecnología militar por completo. “Es exagerado”, dice Ronen Nir, un socio de Carmel Ventures, que trabajó 13 años en la 8200. “Una start up es como una maratón que corre durante años con subidas y bajadas. La experiencia de combate -con su enfoque en objetivos, liderazgo y trabajo en equipo- no es menos crítica para el éxito que la tecnología”.
Sin embargo, el hecho es que 8200 y las otras unidades tecnológicas de las FDI han sido el aula para un gran número de líderes tecnológicos de Israel, incluyendo personas como Adam Singolda, el fundador de Taboola; los cinco fundadores de Niza Systems; Zohar Zisapel, el jefe del Grupo Rad-Binet; Avishai Abrahami, el cofundador y director de Wix; y Nir Zuk, el fundador de Palo Alto Networks, por nombrar algunos.
El abogado Etai Shay distingue entre el entrenamiento que el ejército le da a los reclutas de tecnología y cualquier tecnología que desarrollen mientras trabajan.
“Un curso de software, por ejemplo, no es propiedad intelectual del ejército”, dice. Pero un empresario que sirvió en 8200 y pidió no ser nombrado dice que la distinción no es tan simple. “La gente más valiosa toma de su servicio un gran conocimiento sobre problemas de la tecnología y sus soluciones y la capacidad de no repetir errores cuando están desarrollando una tecnología específica. Estos son secretos comerciales. No es por nada que las compañías de seguridad cibernética les encanta reclutar sólo a veteranos de la unidad 8200”.
El derecho del gobierno a la propiedad intelectual desarrollada por soldados o civiles que trabajan en el sector de defensa está anclado en una ley de patentes de 1969 y en una directiva de 1992 del Ministerio de Defensa. Se requiere que apelen a un comité para decidir qué derechos se acumulan para el Estado.
Sin embargo, nadie fue designado para el panel hasta 2012 y desde entonces se ha reunido sólo tres veces para discutir cinco solicitudes. En todos los casos, la comisión decidió que en todos los casos la propiedad intelectual se desarrolló fuera del servicio militar y el Estado no tenía ningún derecho a ello.
Nava Swersky Sofer, quien anteriormente fue jefa de la empresa de comercialización Yissum de la Universidad Hebrea, sugiere que las FDI deben seguir el ejemplo de las universidades. En ellas, se distingue entre el aprendizaje y la inversión, por lo que las instituciones académicas sólo exigen derechos de propiedad intelectual desarrollados por aquellos que obtienen un título de maestría o superior.
“Asumimos que alguien que consigue un bachillerato está en la etapa de entrenamiento. Se podría hacer lo mismo con los soldados, distinguiendo entre los alistados y los del ejército profesional”, reflexiona. ■
Eso se soluciona muy fácil. El problema no es cómo hacer que el estado gane algo de lo que obtienen sus mejores reclutas cuando triunfan sino que les de lo que necesitan para que triunfen sin tener que hacerlo por su cuenta.
Es una locura, cada vez que se usa un Laser, se viaja en avion, o se usa el GPS algun ejercito debe recibir algun dividento?
Siempre con ideas no practicas para agregar una traba mas al progreso.
Es un milagro que haya tantas startup con lo burocrata que es el gobierno.
Los derechos de propiedad son un asunto complicado, más tratándose de software y durante un proceso de aprendizaje o trabajo del estado. Es muy difícil calcular el porcentaje de aportaciones, todos los códigos se basan y dependen de otros, además se podría añadir desde el primer profesor del programador hasta el último libro que leyó. Una opción es el software libre, los programas están patentados por el autor o autores pero son de libre uso y copia, con el código fuente disponible, siempre que el programa derivado también sea libre, aunque existen licencias tan libres que cualquiera puede patentar un programa para apropiárselo y venderlo sin aportar el código fuente como hace Apple con sistemas operativos libres BSD. La opción opuesta es la heredada de las empresas norteamericanas que dominan el mercado, patentan hasta el color de los bits si les dejan y existen empresas que se dedican a patentar para venderlas o ganar dinero con las regalías. Con un sistema se sacrifican tiempo y trabajo de especialistas mientras algunos se aprovechan sin merecerlo, por otra parte algo normal en la sociedad capitalista de competitividad malsana y en algunos países donde abundan los sinvergüenzas, y en el otro sistema ganan dinero los que tienen mejores abogados mientras la sociedad queda subordinada a las patentes. No parece de recibo patentar una fórmula matemática y más o menos es lo mismo un programa informático, tampoco parecería de recibo dejar en la indigencia a matemáticos y programadores.