por ISRAEL LAUBSTEIN y ROBERTO FAUR.

Por primera vez desde la creación del Estado nos sentimos verdaderamente preocupados como judíos argentinos, por el clima antiliberal que está instalando en todo Israel un extremismo militante de derecha, evidentemente fogoneado desde las entrañas del poder gubernamental. Un extremismo político que ya incursiona contra medios de comunicación y reconocidos periodistas, críticos ante el accionar del gobierno, acusándolos de deslegitimar al país y contra organizaciones pacifistas, amenazando a sus representantes más relevantes por su labor desarrollada en pos de una solución pacífica al irresuelto conflicto israelí-palestino, amenazas que se extienden a toda la militancia de izquierda.

Ya nos resulta difícil decir que estamos en presencia de la única democracia existente en Medio Oriente, de la que podamos todavía enorgullecernos, cuando una activa mayoría parlamentaria está aprobando periódicamente leyes que la van desvirtuando y con un sistema jurídico a quien el poder estatal le va limitando gradualmente atribuciones en su accionar, recortando su independencia.

La ocupación indefinida y la falta de solución al ya prolongado conflicto, acompañados en diversas oportunidades por sugestivas declaraciones de los principales dirigentes del actual gobierno  donde denotaban su falta de interés en llegar a algún tipo de acuerdo, junto con la negativa de detener la expansión de los asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, fueron mostrando claramente su voluntad de mantener el actual status quo.

Esto hace pensar que Israel impondrá tácticamente en el futuro algún tipo de apartheid, con todas las limitaciones antidemocráticas que esto implica. Un apartheid que ya se está concretando en realidad, con las múltiples restricciones que se van implementando a los palestinos en su libre desplazamiento en los territorios ocupados con los innumerables puestos de control e impedimentos para residir o circular en determinadas zonas cercanas a asentamientos establecidos, a lo que debe sumarse la prohibición que imponen rabinos a sus comunidades religiosas judías de rentar viviendas o departamentos a los no-judíos.

Todo resulta muy similar a la situación que sufrió la comunidad judía en la Rusia zarista durante el siglo XIX e inicios del XX, cuando en medio de un antisemitismo lacerante ésta tuvo su residencia restringida dentro de las 25 gobernaciones occidentales del imperio ruso (Tjum Hamoshav), sufriendo similares restricciones al desplazamiento y a todo tipo de derechos que hoy el gobierno israelí impone al pueblo palestino.

Pero a medida que estas decisiones de implementar un apartheid vayan teniendo lugar, estas limitaciones democráticas dirigidas hasta ahora a la población palestina residente en los territorios ocupados, se harán extensivas a los propios israelíes, que bregan por otro tipo de solución.

Esto es lo que estamos comenzando a observar cuando decimos que viene un período de limitación de las libertades democráticas en Israel.

Debido a su inherente ilegalidad, al menos en términos democráticos, un régimen de apartheid no puede admitir ningún tipo de oposición o crítica alguna. Este estado ilegal debe ser legalizado ya sea introduciendo nuevas leyes o cambiando su interpretación jurídica. Tales cosas han ocurrido en otros lugares y en otros tiempos.

Estamos presenciando una cantidad de leyes aprobadas por la Knesset con este objetivo, , especialmente las que han tenido lugar luego del reciente receso parlamentario, como la ley contra la financiación de las organizaciones de derechos humanos, limitando y dificultando a estas organizaciones la recolección de fondos; en contra de los medios de comunicación, obligándolos a enfrentar fuertes indemnizaciones por difamación por simples denuncias que no necesitan ser probadas, o como la así llamada ley del boicot, similar a la que otrora fuera adoptada por el apartheid sudafricano, legislada con el objetivo de ofrecer a un futuro apartheid israelí la posibilidad de comerciar productos elaborados en los territorios ocupados , que fue la que motivó protestas de diversas entidades culturales, artísticas y personalidades y el consiguiente boicot.

Con el mismo fin y dirigida contra los árabes residentes en Israel fue presentado el proyecto de “Ley de lealtad” como Ley Básica que definiría a Israel como el Estado-nación del pueblo judío.

Todas estas leyes fueron monitoreadas e impulsados por el ministro de justicia Yaakov Neeman, funcionario designado por el controvertido dirigente de Yisrael Beitenu, el exaltado ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman, que rechaza todo tipo de negociación con los palestinos.

Si bien la Suprema Corte ha permitido implementar en los territorios ocupados el proyecto de los asentamientos invocando razones de “seguridad nacional”, niega reconocer esa posibilidad de establecimientos en tierras de propiedad privada palestina rigiéndose, hasta ahora, de acuerdo a normas estrictas de respeto jurídico. Se ha constituido, por lo tanto, en un obstáculo a los planes expansionistas de los sectores extremistas del gobierno, que también temen que este Alto Tribunal de Justicia pueda bloquear las leyes “antidemocráticas” que la Knesset ha estado aprobando recientemente. En un país sin constitución, y que durante los 63 años de existencia del Estado implementó un sistema jurídico que fue la envidia de otros países, este sistema está a punto de desaparecer. Personeros del gobierno están tratando ahora de remover a jueces y al propio presidente del Tribunal Supremo por considerarlos demasiado liberales para sus proyectos futuros.

Otro aspecto a considerar, con respecto al futuro de la democracia israelí y los derechos humanos, es la distribución entre sus ciudadanos de la riqueza generada, la cual se ha ido tornando cada vez más inequitativa. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Seguros de Israel el 20% de las familias israelíes, aproximadamente 1.700.000 personas, viven bajo la línea de pobreza. En el mismo informe se señala que los árabes de Jerusalén Oriental constituyen el grupo con mayor índice de pobreza. La Directora General del Instituto, Esther Dominissini sostuvo que, a fin de reducir la tasa de pobreza, es necesario elevar el salario mínimo, considerar subvenciones adicionales para los niños pobres, y realizar otros cambios estructurales.

Cabe también considerar en esta nota, las demandas de los “indignados” de Israel, que han ocupado, con sus carpas, las principales calles y plazas del país demandando también cambios estructurales en las asignaciones presupuestarias a la vivienda, la educación, la salud, etc., y que obligó al actual gobierno a la constitución de una comisión especial para el tratamiento de esas demandas y el aporte de soluciones sustentables a largo plazo. Obviamente, el futuro de las recomendaciones de esta Comisión es aún incierto.

¿Tiene realmente futuro el Israel que plantean los fanáticos que han asaltado el poder? ¿Tendrá el accionar político del gobierno el acompañamiento de todos aquellos judíos que, como nosotros, viven en países en donde la legalidad y el respeto a los derechos humanos son en la actualidad hechos cotidianos? Luego de los trágicos acontecimientos sufridos por nuestro pueblo durante el siglo pasado, fue nuestra más cara ambición que Israel se constituyera en el foco ético y cultural que, según el brillante pensador sionista Ajad Haam, debía iluminar a todas las comunidades dispersas en el mundo en su búsqueda de identidad. El Israel actual dista de serlo.
 

Este artículo ha sido también publicado en la revista Convergencia para un Judaísmo Humanista y Pluralista, y en los sitios web www.pazahora.net y www.espacioconvergencia.com.ar.