La reciente resolución del Gobierno, aprobando la expulsión de cientos de hijos de trabajadores extranjeros, ha suscitado todo tipo de reacciones. Pero sería difícil asegurar que la mayor parte de esas reacciones hayan sido contrarias a esa decisión, pese a lo deseable que eso hubiera sido. En efecto, y a pesar de que varias personalidades -entre ellas el propio presidente Peres- hayan manifestado su rechazo a esa resolución, es de temer que a una gran parte de la sociedad el tema le resulte, en el mejor de los casos, indiferente y ajeno.
Si ello es así, estamos en presencia de lo que sería una especie de esquizofrenia social, si cabe nombrar de esta manera lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos plena conciencia de los tremendos traumas de la expulsión de los judíos de España, precedida por la de Inglaterra. Y en nuestra época, el drama del vagabundeo país por país, en busca de un refugio muchas veces negado, permanece y se perpetúa en la memoria colectiva. Por otro lado, no parecen existir demasiados escrúpulos para determinar que niños nacidos en el país, criados en la lengua del país y educados en las aulas del país, sean expulsados sin miramientos por ser hijos de trabajadores extranjeros.
Pero esta situación tiene además otras dimensiones que exceden el ámbito de lo ético y penetran en el campo económico. En efecto, el tema del tratamiento de los trabajadores extranjeros -y el del tratamiento de sus hijos, nacidos y educados en el país- es en última instancia el resultado de una modalidad de funcionamiento de la economía israelí y de un conjunto de políticas económicas, explicitadas o no, puestas al servicio de esa modalidad.
Por lo tanto y más allá de denunciar la decisión de expulsar a los hijos de esos trabajadores, que constituye de por sí una conducta reñida con los principios de la ética universal en general y de la ética judía en particular, de lo que se trata es de presionar desde la sociedad al gobierno, para formular y poner en práctica una política laboral migratoria que regule la presencia de esos trabajadores con el debido respeto y defensa de sus derechos como hombres y como trabajadores.
Porque el hecho es que se habla de 250.000 o más trabajadores extranjeros, en un país cuya fuerza de trabajo se sitúa en poco menos de tres millones de personas; es decir, más del 8% de los trabajadores en el país se ubican en la categoría de “trabajadores extranjeros”, -con permisos de trabajo si los tienen, de duración limitada-, y se encuentran concentrados en tres áreas laborales: agricultura, construcción y cuidado de ancianos y enfermos.
Las cifras oficiales manejan un número algo menor; la Oficina Central de Estadísticas de Israel (OCE) menciona la existencia de 219.000 trabajadores extranjeros hacia fines del año 2009, de los cuales 118.000 tendrían permisos de trabajo (¿válidos?) y 101.000 estarían en el país con visas de turistas (1). A ello cabe agregar los datos sobre el nivel de ingreso de esos trabajadores. De acuerdo a la información de la OCE, el salario promedio de los trabajadores israelíes en el mes de mayo del 2010 ascendió a 8.173 shékels, mientras que el de los trabajadores extranjeros se situó en 4.305, es decir, poco más de la mitad.
Se trata de una situación persistente: en el año 2008 el salario promedio mensual de los trabajadores israelíes fue de 8.075 shékels y el de los trabajadores extranjeros de 4.326; en el año 2009, esos promedios fueron de 8.131 y 3.739, respectivamente (2). Téngase presente que estas estimaciones corresponden seguramente a los salarios promedio de los trabajadores extranjeros con permiso de trabajo, ya que el número de trabajadores extranjeros presentes en las estadísticas de OCE (que incluye también a trabajadores de los territorios ocupados) oscila entre 98.400 en el año 2008 y 112.300 en mayo de 2010. Por lo tanto, es posible que el promedio mensual de ingreso de los trabajadores extranjeros, incluyendo los que se encuentran en situación ilegal, sea todavía menor que

el indicado más arriba.
La explicación más difundida del por qué del ingreso y de la permanencia de trabajadores extranjeros que había tenido un comienzo relativamente lento a fines de los años '80, -con el estallido de la primera intifada, y que se aceleró a partir de la segunda- se vincula con la supuesta poca o nula voluntad del trabajador israelí por emplearse en las actividades agrícolas, en la construcción y en la atención de enfermos y ancianos, que como ya se indicó constituyen las tres áreas donde se concentra la mano de obra extranjera en Israel.
Pero la evidencia presentada más arriba, que muestra que el nivel de ingresos promedio de esa mano de obra equivale a un 50% del ingreso promedio del trabajador israelí, parecería indicar que los empleadores israelíes y todo el abusivo aparato de intermediación laboral desarrollado junto con la demanda de esa mano de obra (3) también prefieren a los trabajadores extranjeros, en particular por el menor costo laboral que éstos representan.
Es decir; el supuesto rechazo del trabajador israelí a laborar en áreas tales como la agricultura y la construcción estaría más asociado a los niveles de ingreso que pueden obtenerse hoy en esas actividades -dada la competencia que representan los trabajadores extranjeros- que a las características del trabajo en sí mismo. Se trataría así, en alguna medida, de una irónica pero también trágica vuelta hacia los tiempos del “kibush haavodá haivrit”, -la “conquista del trabajo hebreo”, esta vez con el incentivo material de mejores ingresos. (4)
El Gobierno parece reconocer esto, ya que estaría empeñado en limitar la entrada de trabajadores extranjeros y en promover tecnologías ahorradoras de mano de obra, en particular en las áreas de mayor densidad de uso de mano de obra extranjera. Pero esto, que forma parte del discurso oficial, no necesariamente se concretaría en la práctica; son muchos y poderosos -tanto en el terreno político como en el económico- los intereses en juego que presionan por el mantenimiento del statu quo.
Un ejemplo reciente de ello es la negociación sobre los nuevos permisos de trabajo (25.000) para trabajadores extranjeros en las actividades agrícolas, que culminaran en enero de este año, en medio de una fuerte campaña de denuncias sobre las comisiones que exigen las compañías reclutadoras: entre 8.000 y 10.000 dólares, que cobran a cada trabajador. (5)
Lo reseñado forma parte del marco de referencia dentro del cual se inserta la decisón oficial de expulsar a niños hijos de trabajadores extranjeros, nacidos y educados en Israel. Esta decisión constituye un episodio doloroso e injusto de por sí, pero forma parte también de un cuadro más amplio y complejo, que por lo tanto requiere también soluciones de fondo. Propuestas para ello no faltan: son varias las iniciativas que se han diseñado para diseñar un sistema justo y equitativo en materia de migración laboral y de defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros, y parte de los marcos legales existentes respetan esos principios.
Empero de lo que se trata es de la correcta implementación de esas disposiciones legales y de las que haya que adoptar en el futuro. Desgraciadamente, la evidencia muestra cómo la combinación de intereses especiales, la codicia y el desdén por el “otro”, se imponen en la práctica cotidiana de esa implementación.
beroitman2002@hotmail.com

1 De acuerdo al Comunicado de Prensa Nº 168/2010 de la Oficina Central de Estadística, de fecha 27 de julio del 2010.
2 Datos a precios corrientes, estimados en base a la información de la Oficina Central de Estadísticas, contenida en el cuadro 1.1. de la serie Empleos y Salarios.
3 Ver a ese respecto, entre otros, el Informe del Controlador del Estado del 11/05/2010 y los comentarios de Kav Laoved al mismo.
4 De hecho, es cada vez más frecuente encontrar referencias al carácter poco “sionista” de la utilización de mano de obra extranjera, aunque se trata de situaciones que corresponden estrictamente al ámbito económico.
5 Ver informe de Kav Laoved del 23/11/2009. Con relación a los trabajadores procedentes del extranjero en la construcción en Israel, ver nota del periódico New York Times del 4/7/2010.