Nuevos episodios en el largo combate de los ultra ortodoxos contra los avances del siglo XXI. Este podría ser el título de un libro de ciencia ficción pero no lo es. La triste realidad que enfrentan quienes, perteneciendo al judaísmo cavernícola, desean para sus hijos algo de formación que les abra las puertas de la sociedad moderna, es más fuerte que cualquier hecho imaginado.
La Suprema Corte de Justicia, contraviniendo cualquier atisbo de sentido común, autorizó la apertura de una nueva escuela de niñas, que no recibirá aportes del Estado, para poner punto final a la confrontación que llevó a algunos padres de la población de Emmanuel a la cárcel hace unos meses.
Estos padres, preocupados porque sus hijas estudian con compañeras de origen sefardí, tendrán ahora una escuela como la que ellos soñaron: servirá para fomentar la ignorancia en lugar del conocimiento, hipotecando desde ya el futuro de las jóvenes. Ahora esta ridiculez recibió el sello oficial del Estado que, aparentemente, prefiere bajar los brazos.
El segundo caso se dio en el barrio Ramot de Jerusalén. Allí una ieshivá, Dios no lo permita, enseña materias prácticas siendo su objetivo el que los alumnos puedan luego cumplir el servicio militar y estudiar en la universidad.
Los rabinos más afamados del sector ortodoxo firmaron una proclama contra el intento de enseñar materias que no están estrictamente vinculadas con la temática religiosa porque eso desviará a los jóvenes de su creencia.
Más aún; les abrirá la posibilidad de integrarse al país, trabajar, ganar dinero y vivir

de lo que ganan.
Algo similar sucedió en Beit Shemesh, una ciudad donde el Estado parece haber perdido por completo el control de lo que sucede, ya que cada tanto aparece en las noticias por hechos de discriminación y violencia contra quienes no se alinean ni comparten las ideas de los fanáticos.
El enfrentamiento verdadero es entre la inmensa mayoría de la sociedad, que está representada tanto en la coalición de Gobierno como en la oposición, y un grupo minoritario que eligió la ignorancia como forma de vida.
La elección es perfectamente legal pero cuando encima está financiada o patrocinada por dinero público deja de serlo. Más aún; el hecho que el Estado no invierta dinero para autorizar que jóvenes dejen de estudiar y se conviertan en modernos analfabetos, es un delito.
Hasta hace unos meses pensamos que si un grupo de padres decide abrir una escuela, independiente, que no recibe dinero del Ministerio de Educación, puede decidir también los contenidos de la enseñanza. No es así.
La enseñanza es una obligación y los conocimientos mínimos deben transmitirse también a niños religiosos para que más adelante no se conviertan en una carga como sucede ahora. El ministro de Educación, Guideón Saar, lo comprende y realiza grandes esfuerzos en esta dirección pero no encuentra demasiado eco entre sus compañeros del Gobierno que no quieren problemas con los partidos religiosos. En estas condiciones lo único que podemos decir es que viva la ignorancia y vivan los ignorantes a cuenta del bolsillo de quienes fuimos a la escuela.