Como es sabido, en La Haya funciona el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en lo que fuera Yugoslavia (ICTY). Este tribunal fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la década del '90 a fin de intentar juzgar a quienes cometieron graves crímenes contra el derecho internacional durante la guerra entre Bosnia y Serbia. Sobresalen entre esos crímenes los cometidos en Srebrenica, que la Corte Internacional de Justicia -que no se ocupa de asuntos penales- calificó no hace mucho de genocidio (tema que comentamos en su oportunidad).
Los lectores recordarán el inconcluso juicio contra Milosevic, que falleció antes de que se dictara sentencia.
Ahora se está desarrollando en la capital holandesa otro juicio similar contra Radovan Kardic, líder serbio de Bosnia capturado hace unos años y acusado de serios delitos cometidos entre 1991 y 1995, entre ellos la matanza en la localidad arriba mencionada. Las imputaciones contra el líder político y militar y poeta incluyen el crimen denominado “``depuración étnica''”, suerte de eufemismo para describir exterminios y expulsiones masivas.
La acción judicial contra Kardic tomó ahora un nuevo giro, con la intervención personal del acusado por vez primera, después de un período prolongado en el que optó por boicotear el tribunal.
Kardic fue capturado en julio de 2008, negó competencia al tribunal, se negó a nombrar abogado defenssor y entró en conflicto con el defensor que el juzgado le nombró de oficio. Ahora el acusado se mostró dispuesto a declarar y lo hizo sin entrar en detalles acerca de los crímenes que se le imputan, limitándose a argüir la justificación de la guerra, la cual -sostiene- fue justa y santa y en ella sólo sirvió a su pueblo.
Las gravísimas acusaciones que contiene el acta respectiva incluyen, además del genocidio de Srebrenica, el prolongado sitio contra Sarajevo, la toma de rehenes de entre las tropas de las Naciones Unidas y la instalación de campos de concentración para los musulmanes de Bosnia. Es pertinente recordar que en la guerra de Bosnia hubo 100.000 muertos y más de dos millones de desarraigados.
La defensa de Kardic giró alrededor de los derechos históricos de Bosnia-Herzegovina y su lucha durante 500 años para preservar su identidad nacional. El juicio prosigue en estos días con la recepción de testimonios y evaluación de las pruebas.
Existen ya precedentes relacionados con los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y es justo señalar que hubo atrocidades cometidas por todas las partes.
Como se ha indicado, las pruebas de que en Srebrenica hubo genocidio parecen conluyentes, pero la Corte Internacional de Justicia -no el tribunal para el caso de Yugoslavia- consideró que no se había probado que el gobierno

de Belgrado hubiera ordenado la comisión de actos de genocidio.
Con todo, la Corte concluyó que el gobierno de Serbia podía haber prevenido el crimen en Srebrenica.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia provocó en su momento mucha controversia pero no hay dudas de que en ese lugar hubo genocidio, que en todo el territorio hubo actos de “``depuración étnica''” y otros excesos que constituyen crímenes penados por el derecho internacional penal.
Para beneficio de la claridad corresponde recordar al lector que en La Haya hay tres cortes internacionales: la Corte Internacional de Justicia (ICJ), órgano de las Naciones Unidas que dirime conflictos entre los Estados y emite opiniones consultivas a pedido de los organismos internacionales; la Corte Penal Internacional (ICC), creada por el Tratado de Roma de 1998 -quienes leen esta columna conocen la discusión acerca de si Israel debe adherise a este tribunal, como opina el autor de estas líneas, entre otros, o no-, como opina hasta hoy el gobierno de Jerusalén; el Tribunal para Yugsoalvia (ICTY), que está juzgando a Kardic y que fue creado por el Consejo de Seguridad, que también estableció el tribunal para los crímenes cometidos en Ruanda.
Esto es un tanto complejo, pero también lo es la vida internacional y el mundo avanza lentamente en la afirmación de una justicia penal internacional que obtenga la confianza de todos y pueda poner orden en el mundo y asegurar el respeto por la dignidad humana.
Como reza el título de esta nota, el progreso en La Haya es lerdo. La lentitud se explica por la necesidad de cautela y las dificultades que rodean la clarificación de los graves crímenes cometidos en los años '90 y también después, hasta nuestros mismos días.
Los problemas son legales, pero también políticos, y no es fácil asegurar que los Estados acepten de buena gana someterse a tribunales internacionales cuyas decisiones pueden llevar a la cárcel a líderes y funcionarios que han cometidos delitos como los que comentamos. Los Estados son soberanos y pueden o no aceptar la competencia de entes judiciales por encima de las soberanías individuales.
No se puede olvidar que Estados Unidos o China no quieren ser parte del ICC y la ausencia de grandes potencias es un poderoso impedimento para el desarrollo de esta clase de instituciones.
Por otro lado, es sabido que es menester introducir orden en la materia y frenar fenómenos como la aplicación de la denominada jurisdicción universal, que conduce a muchas anomalías. Por eso el dictado de la hora es fortalecer los instrumentos existentes y asegurar su coordinación.
El caso Kardic es una piedra de toque. El desenlace de este juicio indicará en que dirección marcha la justicia penal internacional.