El problema del agua en Israel es algo absolutamente real cuya solución debe ser un problema de todos y a la cual los ciudadanos debemos acompañar. Esto implica un gran esfuerzo de nuestra parte. La situación exige transparencia, información adecuada sobre el destino y la administración de los fondos y que en nombre de las soluciones necesarias no se cometan injusticias.
Lamentablemente, la arbitrariedad esta a la orden del día cuando los funcionarios se sientan en un escritorio con el poder suficiente para determinar lo que pueden o no pueden hacer las personas y dictan normas supuestamente necesarias que se aplican en forma indiscriminada sin atender las situaciones en las que no corresponde su aplicación.
Las abultadas multas por el consumo de agua pretenden llamar la atención para que se cumpla con las restricciones necesarias. Sin embargo, se han convertido en un castigo excesivo. Los castigos tienen que ser acordes con las faltas que se cometen y en este caso no lo son, convirtiéndolos en un abuso hacia los habitantes. Cuando esto sucede, aun cuando la causa que lo generó sea legalmente aprobada, se convierte en ilegal por desmedido.
El sistema que han elegido para calcular las tarifas y los montos a pagar por el agua de consumo es generalizado, como si todas las familias fueran iguales, todas las casas iguales y las necesidades de agua de las personas iguales. De acuerdo a esta formula está prohibido recibir a tu familia en tu casa, aunque se trate de tus hijos o nietos o de tus padres, ni darles cobijo si no tienen vivienda por determinado período o simplemente aceptar su visita por unos días cuando viven en otra ciudad.
Si lo haces serás penalizado. Desde ahora tendrás que avisarles que no vengan y si insisten es mejor alquilarles un hotel ya que un metro cúbico de agua puede llegar a costarte 27 shékels entre la tarifa superior y la multa que te aplicarán. Cuentan a las personas que viven en la casa en forma permanente como si un hogar fuera algo cerrado, como si se tratara de una cárcel o un recinto en el que nadie puede entrar o quedarse, como si la vida de las personas fuera aislarse y quedar recluidos cada uno en su sitio.
El mecanismo elegido para aplicar multas es injusto pero se convierte en abusivo cuando anteriormente ya está penalizado el consumo excesivo en las propias tarifas, cuyo precio es diferencial y donde se aplica la misma fórmula. Por lo tanto se aplica un castigo sobre otro castigo, sin contar los anuncios de nuevos aumentos previstos a partir de enero del año 2010 en cuya decisión los ciudadanos no tenemos ni la mínima oportunidad de incidir.
Se trata de la imposición de un impuesto adicional inevitable ya que no podemos vivir sin agua y tampoco podemos elegir entre un proveedor u otro. Son esas medidas de recaudación que inventan los gobernantes cuando no les cierran las cuentas. A título informativo, las tarifas en su primer etapa son de 3.56 shékels el metro cúbico, en su segunda etapa pasan a 4.90 shékels y en la tercera, a 6.79 shékels.
¿Si esas diferencias, que no corresponden a ningún calculo de costos del producto que ofrecen sino a decisiones caprichosas, no representan ya un castigo para quienes necesitan o consumen más agua que el volumen que el Estado supone necesaria en una casa, cómo deberíamos calificarlas? Se ha sobrepuesto castigo sobre castigo, multa sobre multa, y eso no es para nada correcto.
Sobre estos precios inflados que incluyen una importante sanción aplican ahora multas de 20 shékels por cada metro cúbico que se use sobre la base que fijan lo que podemos llamar como un robo a la población.
Cuando un castigo no es justo las personas deben hacer algo para defenderse. Este castigo no es justo aunque fuera necesario. Me pregunto: ¿quién es el responsable de esta decisión? ¿Quiénes son los que manejan esos fondos y en qué van a ser utilizados? ¿O la realidad es que se necesita dinero para otros fines? ¿Se invertirá todo ese dinero en las soluciones para que en el futuro no se repita este problema?
¿Se informó a la población cual es la reserva de agua, y por cuanto tiempo está asegurado el abastecimiento? ¿Las multas harán aparecer agua y resolverán el problema? No se ha informado correctamente sobre las soluciones posibles, cuales son y si están en marcha en qué etapa de ejecución se encuentran. Suponiendo que las haya no sabemos cuanto tiempo falta para que funcionen, cuanto dinero se necesita para terminarlas y de donde saldrá ese importe.
El Gobierno es responsable de solucionar este problema y debe informar sobre la situación y también administrar con claridad tanto los montos como los tiempos de ejecución de las obras necesarias.
Existe un problema con el agua en Israel, una realidad que no podemos desconocer y que también sucede en otras partes del mundo. Estas medidas generalizadas se aplican por igual a quien gana 3.500 shékels mensuales o a quienes tienen muchos ingresos, lo que las vuelve a calificar de injustas. Los responsables tienen que darse cuenta que pueden haber casos especiales y debe abrirse una instancia para que los ciudadanos puedan plantearlos.
Eso de pague o lo mandamos a juicio, le embargamos la cuenta del banco, o respuestas similares son explícitamente una extorsión intolerable. Las mayoría de las personas en Israel trabajan diez o más horas diarias, no se pasan el día leyendo las noticias, viendo el diario, internet o la televisión, ni tienen obligación de hacerlo. En los últimos tiempos hay quienes recibieron facturas por cifras que muchas veces superan el propio monto del alquiler de la propiedad o de la cuota de la hipoteca, algo realmente fuera de lugar.
El ciudadano siente que hay un abuso de poder, un desprecio por sus derechos. Cuando se consulta sobre soluciones la respuesta es que hay que pagar y que no se puede hacer nada.
Según suponen los funcionarios, todo esto debe considerarse cosa juzgada. No estamos de acuerdo; cuando hay errores tiene que haber la posibilidad de corregirlos y para eso también esta la justicia, les guste o no a los recaudadores de turno. Aun si el contribuyente reconociera la falta, merece recibir el castigo en su adecuada medida.
Por un lado está la necesidad de que la población consuma menos agua y por otro lado la sensación de indefensión de la población que le cuesta mantener sus derechos y sólo se le imponen obligaciones como pagar o pagar todo lo que llega al buzón de correo. Hacen falta soluciones, transparencia en las decisiones y buena comunicación con los clientes, porque los ciudadanos somos clientes de la compañía sin opciones de elegir proveedor.
Cualquier compañía cuida los clientes para que le sigan comprando pero claro, en este caso no les hace falta, seguiremos comprando de todos modos. Monopolios, medidas arbitrarias, prepotencia, poder, injusticias, necesidad de tapar agujeros financieros, son cuestiones negativas para la población. Comuniquen en forma pública y urgente sobre soluciones concretas y exhiban el camino de los millonarios fondos recolectados.
Si el dinero de las multas tiene un buen destino, quizás las pagaremos con una forzada sonrisa.