Amnistía Internacional (AI) exigió a los fundamentalistas islámicos de Hamás que detengan la campaña de represalias, con secuestros, amenazas y asesinatos, que, desde el pasado diciembre, lleva a cabo contra supuestos colaboradores de Israel.
Desde finales del año pasado, durante y después de la ofensiva de Tzáhal en Gaza, Hamás ha asesinado e incapacitado a decenas de palestinos a los que percibe como colaboradores o simplemente opositores o críticos.
Según la organización de derechos humanos, al menos dos docenas de hombres han sido asesinados por el grupo gobernante en Gaza y otros muchos "ha recibido disparos en las piernas o rodillas o heridos para que quedaran permanentemente incapacitados".
Palizas, torturas y maltratos están también a la orden del día, apunta Amnistía Internacional, que ha hecho sus propias investigaciones sobre el terreno tanto durante como después de la ofensiva.
Algunas de las víctimas de Hamás, explica Amnistía, son antiguos detenidos acusados de "colaborar" con Tzáhal que escaparon de la prisión central de Gaza durante el bombardeo del 28 de diciembre del 2008.
También hay antiguos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad de Palestina y activistas del partido Fatah, al que pertenece el Presidente Mahmoud Abbas.
Amnistía Internacional denuncia que Hamás ha mostrado "una total falta de respeto por las reglas más básicas de derechos humanos", no sólo por perpetrar esos abusos, sino por alentarlos con la impunidad.
Algunos fueron asesinados en los hospitales donde estaban recibiendo tratamiento por las heridas recibidas durante los bombardeos, y a veces frente a sus desesperados familiares, de acuerdo a los testimonios recolectados.
La organización le pide que ponga fin a su campaña de crímenes y permita la constitución de una comisión de expertos independientes que investiguen los abusos cometidos desde diciembre tanto por Hamás como por otras facciones terroristas.
Amnistía Internacional también reclama que no se penalice ni intimide a las víctimas o testigos que quieran prestar declaración y que se castigue a los perpetradores de los abusos según la legislación internacional, y sin recurrir a la pena de muerte. EFE y fuentes propias.