El Gobierno argentino publicó un decreto para crear un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, complementario al archivo de las Naciones Unidas por el cual se guía el país suramericano y en el que busca incluir a Hezbollah.
La decisión se conoce en la víspera del 25 aniversario del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, el peor atentado cometido en Argentina. El hecho dejó 85 muertos, sigue impune y la Justicia lo atribuye al Gobierno de Irán de entonces y al grupo chií libanés Hezbollah, al igual que el cometido contra la embajada de Israel en 1992, en el que fueron asesinadas 29 personas.
Si bien el decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete, no menciona a Hezbollah, miembros del Ejecutivo han declarado en los últimos días la intención de que esa organización islamista integre el registro, algo también solicitado durante años por la comunidad judía.
«Por primera vez aceptamos que una organización que atentó en la Argentina (…) va a quedar de alguna manera condenada por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico. Porque la condena solo la puede hacer la Justicia», dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones al canal TN.
En la elaboración del documento, el Registro Público de Personas o Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), participarán el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Migraciones.
El Repet será de acceso público, «con los alcances que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determine», y garantizará «el intercambio de información con las agencias con competencia en la materia y con terceros países, lo que permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación doméstica e internacional», señala el decreto.
Asimismo, «toda inscripción en el Repet importará el congelamiento de los activos de la persona humana, jurídica o entidad» y «la obligación de reportar operaciones sospechosas de financiación del terrorismo por parte de los sujetos», añade el texto.
Cabe mencionar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que el país suramericano pertenece desde el año 2000, «evaluará el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo de la República Argentina en el año 2021».
GAFI es un ente intergubernamental que fija estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales y regulatorias a partir de sus «Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación».
En la víspera del tentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Gobierno decretó también que el 18 de julio sea considerado día de duelo nacional y estableció un plazo de 180 días para que las víctimas que no se hayan acogido al otorgamiento de indemnizaciones previstas, puedan hacerlo «sin mayores dilaciones». EFE y Aurora