El juez argentino Claudio Bonadio finalizó la ronda de declaraciones testimoniales de políticos oficialistas y opositores en la causa en la que se investiga un presunto encubrimiento del atentado contra el centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires en 1994, confirmaron fuentes del expediente.
El magistrado recibió a una serie de diputados y senadores, que estaban en funciones cuando en 2013 se debatió y aprobó en el Congreso el pacto entre Argentina e Irán que el fiscal Alberto Nisman aseguró que pretendía encubrir a los presuntos terroristas en su denuncia presentada en enero de 2015.
Bonadio hizo así lugar a un pedido de la querella, integrada por familiares de víctimas del atentado, que dejó 85 muertos y sigue impune.
Entre los citados se encontraron los ex diputados Ricardo Gil Lavedra, del oficialista Unión Cívica Radical, Agustin Rossi, del ahora opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista), y los senadores Federico Pinedo, del frente gobernante Cambiemos y Pedro Guastavino, quien respondió a las 16 preguntas por escrito.
De esta manera, Bonadio avanzará desde el próximo martes con la fase de declaraciones, como investigados, a las personas que Nisman denunció por el encubrimiento cuatro días antes de ser hallado en su casa con un tiro en la cabeza.
En este sentido, el primer denunciado en prestar declaración indagatoria ante Bonadio será el ex canciller kirchnerista, Héctor Timerman, quien, según la denuncia, se reunió en secreto con el ex canciller iraní Salehi en Alepo para acordar los términos del acuerdo que ambos firmaron el 27 de enero de 2013.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cerrará la ronda de indagatorias el 26 de octubre, y antes de ella también prestarán declaración el supuesto embajador iraní paralelo, Jorge Khalil, el dirigente kirchnerista Luis Delía, el ex jefe de inteligencia, Oscar Parrilli y el diputado kirchenrista Andrés Larroque, entre otros.
A propósito del memorándum firmado por los ex cancilleres Timerman y Salehi, nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal de la investigación del atentado, y creía que el memorándum entre Argentina e Irán, que el Gobierno aseguraba era para investigar conjuntamente el atentado al centro comunitario judío AMIA, buscaba en verdad encubrir a los sospechosos para favorecer el intercambio comercial.
Los investigadores atribuyen a Irán y a su vasallo, el grupo terrorista chií libanés Hizbollah, la planificación del atentado, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas fueran asesinadas en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer. EFE y Aurora