AMIA no quiere que la causa contra Cristina Kirchner afecte los comicios argentinos

Cristina Fernández de Kirchner Foto Senado de la Nación Argentina Wikimedia Dominio Público

El presidente de la mutual judía AMIA, Agustín Zbar, afirmó que no quiere que la causa abierta contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en la que se le acusa de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a la sede de la AMIA en 1994, tenga «incidencia» en las elecciones de octubre.

«Este será un año electoral y se ha dicho que va a haber un juicio oral contra la ex presidenta por la firma del memorándum con Irán. Este juicio va a tener incidencia en el proceso electoral y nos parece que es negativo que las instituciones de la comunidad judía estén involucradas de este modo en procesos políticos», detalló Zbar en declaraciones a Radio Mitre.

Zbar quiso salir al paso de la polémica generada por el comunicado publicado el jueves en el que la AMIA solicitó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que deje de ser querellante en la causa contra la ex presidenta por la firma del memorándum de entendimiento con Irán para la investigación conjunta del atentado.

El presidente de la AMIA matizó que gracias a la acción de la mutua judía se logró la «inconstitucionalidad» del pacto, que nunca entró en vigor, y destacó que siguen apostando por la investigación del atentado que costó la vida de 85 personas y que sigue impune.

«Nosotros seguimos sosteniendo de manera muy fuerte la imputación contra los iraníes, que consideramos autores del atentado a la AMIA, y seguimos insistiendo fuertemente para la extradición de estos personajes para que sean juzgados en Argentina y eventualmente condenados por su responsabilidad», subrayó.

Además, aseguró que la firma del memorándum afecta a todo el país y que no debe ser la comunidad judía la que «lleve la bandera» de la causa.

«Si Argentina decidió un día ser aliado de Irán con un tratado internacional es un tema de toda la Argentina. ¿Por qué la comunidad judía tiene que ser la que lleve la bandera de esta causa?», aseguró.

Debido a eso solicitan a DAIA, brazo institucional y político de la comunidad judía argentina y que agrupa a decenas de instituciones en Argentina, incluida la AMIA, que no prosiga con la querella que mantiene desde que en diciembre de 2016 fue aceptada por una cámara penal como parte acusadora en el proceso.

Desde la DAIA consideran esta petición como «impactante», según afirmó su presidente, Jorge Knoblovits, a radio La Red.

Knoblovits expresó su deseo de que la posición de AMIA no ayude a la impunidad de la ex presidenta.

En 2013, el entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) firmó un memorándum con Irán que fue presentado como único modo de juzgar de manera conjunta el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune y que la comunidad judía atribuye al país persa y al grupo terrorista libanés chií Hezbollah.

Este pacto, que fue aprobado por el Congreso argentino y que con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia fue declarado inconstitucional, nunca fue ratificado en Irán y por tanto no llegó a entrar en vigor.

El tratado de cooperación entre ambos países fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, al considerar que la entonces mandataria y parte de su equipo había impulsado el acuerdo, no para aclarar el ataque terrorista, sino para encubrir a los sospechosos iraníes, entre ellos ex altos cargos del país persa.

Cuatro días después, Nisman apareció muerto en su casa, con un disparo en la cabeza, en circunstancias que aún se investigan pero que según la Justicia apuntan a un homicidio.

Después de que la denuncia de Nisman fuera cerrada por un juez de instrucción, algo que confirmaron dos tribunales de apelación, a finales de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal reabrió el caso al hacer lugar a un recurso presentado por la DAIA, que cuestionaba que no se investigara lo que el fallecido fiscal, de origen judío, había denunciado.

Ya en 2017, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento y la prisión preventiva (que no pudo hacerse efectiva por su condición de senadora) de la ex mandataria al considerar que el acuerdo pretendía proteger a los sospechosos iraníes, algo que ella siempre ha negado. EFE

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